La paralización de la Junta Universitaria
Informe de Héctor José Huyke
representante del Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez en la Junta Universitaria
La Junta Universitaria es un cuerpo con representación estudiantil y docente de todos los recintos del sistema. Los Rectores, el Presidente y tres de sus asesores principales también forman parte de la Junta Universitaria. De acuerdo al Artículo 6 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, la Junta Universitaria tiene como propósito “mantener integrado el Sistema Universitario, respecto a su planificación de conjunto” y asesorar “al Presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros”.
En días recientes, el Dr. José Ramón de la Torre, Presidente de la Universidad, y la Lcda. Ygrí Rivera, Presidenta de la Junta de Síndicos, han insistido en que los estudiantes presenten sus reclamos a través de los cuerpos oficiales en que tienen representación. Tanto el Presidente como la Lcda. Rivera se han reiterado también en la importancia del diálogo.
Nuestra experiencia en la Junta Universitaria es que el diálogo se ha hecho imposible. Nuestro juicio no tiene importancia para quienes han venido a creer que pueden administrar la universidad para entidades externas y sin el insumo de la comunidad universitaria. No es que en el pasado el diálogo fluía sin obstáculos; es que en estos tiempos no hay diálogo. Ante los reclamos del estudiantado en los comienzos de la crisis, uno podría pensar que el Presidente tendría razones de sobra para convocar a la reunión extraordinaria que la propia Junta Universitaria aprobó dos semanas antes de la huelga para discutir la situación de los costos de matrícula y las compensaciones por las clases de verano. Al contrario, se canceló la reunión extraordinaria y se canceló también la reunión ordinaria en la que se discutiría presupuesto.
Ante la crisis, los docentes y un número de estudiantes hemos solicitado reunirnos dos veces. La primera vez se nos pidió aclaración sobre uno de los puntos a discutir y los otros dos puntos fueron descartados. Sometimos las aclaraciones e insistimos en los tres puntos. No fuimos convocados. Más adelante, solicitamos ver al Presidente en persona para presentar nuestras razones para reunir la Junta Universitaria. El Presidente no nos recibió. Este desdén, esta insistente arrogancia, estos sutiles modos de violencia ante representantes de la comunidad universitaria, hacen perfectamente entendible que la Universidad de Puerto Rico esté en crisis y permanezca en huelga.
El punto es que las decisiones que corresponden a la comunidad universitaria se están tomando sin consultar a los cuerpos universitarios. Un ejemplo de hace aproximadamente un año de una decisión tomada sin consultarnos es la congelación de la partida presupuestaria para ascensos --lo que es una partida para reconocer mérito académico, no una partida para aumentos salariales, y representa una parte ínfima del presupuesto anual de la UPR-- congelación que implicó asumir una deuda con nuestros profesores y profesoras más jóvenes, una deuda cuya magnitud está destinada a aumentar exponencialmente con el pasar del tiempo, y una deuda que mina la calidad de lo más esencial de nuestra función social como universidad. Por grande que sea la crisis, esta decisión, como otras, se tiene que examinar en el contexto más amplio de cuales son las prioridades en una verdadera universidad.
La Junta de Síndicos, la Presidencia y la Administración Central no tienen ni pueden tener la autoridad para decidir asuntos como estos sin consultarnos. Sin nuestro insumo, tampoco tiene sentido que estos cuerpos establezcan los parámetros de los estudios en los que se fundamentan las deliberaciones en torno a asuntos como estos. Particularmente, la Junta de Síndicos, es un cuerpo que en Ley ha de velar por el interés público en sentido amplio. No es un cuerpo universitario como tal con la capacidad para deliberar por sí solo con relación a ascensos, exenciones y temas como estos.
Sin embargo, sobre todo la Junta de Síndicos toma decisiones sobre estos temas sin consultar. La resolución de la Junta Universitaria en contra de la congelación de los ascensos, al igual que tantas otras resoluciones análogas aprobadas por los senados académicos y las facultades, no implicó cambio alguno en la decisión o reacción.1 La decisión estaba tomada así porque sí, lo que atenta contra el propio sentido de lo universitario.
La Junta de Síndicos y la Junta Universitaria no son mecanismos efectivos representación participativa
Informe de José O. Sotero Esteva
representante del Senado Académico de la UPR en Humacao en la Junta Universitaria
La reacción de la Junta de Síndicos y de la Oficina del Presidente de la UPR a que el gobierno le haya quitado a la Universidad $282 millones ha sido usar todo pretexto que se le presente para recortar, eliminar o poner en moratoria programas, servicios o incentivos con impacto negativo directo sobre la gestión académica.
Ya al Profesor Huyke explicó que en Julio del año pasado la Junta de Síndicos recibió de la Junta Universitaria una petición para que estableciera “normas sistémicas para atender la situación del personal docente que haya sido recomendado y que tenga los méritos para ascenso ... pero no se le haya concedido el mismo”. La solución Solución de la JS fue pedir todas las listas de docentes recomendados para ascensos para engavetarlas. No pareció mediar la consideración de que el ascenso en rango es un mecanismo crucial, no sólo para incentivar la excelencia académica incrementando el salario, si no como reconocimiento al mérito académico necesario para acceder a nuevas prerrogativas en la carrera profesional.
En febrero de este año la JS recibió un informe de auditoría que encontró algunas irregularidades en la otorgación de exenciones en un par de unidades del sistema. La respuesta fue la ya famosa certificación 98, un asalto a uno de los estímulos de enriquecimiento de la vida universitaria mas efectivos que tenemos, un asalto que afortunadamente se ha encontrado la formidable resistencia estudiantil que todos conocemos.
Con el ofrecimiento de verano, si es que se da, se hará un ensayo a gran escala de lo mas cercano que existe actualmente en la UPR a una APP: el ofrecimiento de cursos de verano a través de las Universidades Extendidas (que en Humacao le llamamos UNEX) u otros mecanismos de naturaleza “autoliquidable” (certificación JS 2008-2009). Eso implica que el criterio administrativo mas importante se ata a las presiones de mercado en vez de a criterios académicos. De esa manera los cursos se ofrecen sólo si tienen demanda y nuestro interés por un mejor salario se coloca sin remedio en contraposición al interés del estudiante, en particular al de las hijas e hijos de los trabajadores. Peor aún, el que cada unidad tenga su UNEX operando independientemente bajo ese criterio produce injusticias adicionales tanto para los docentes como para los estudiantes: erosión de los derechos laborales del personal docente y elimina el igual costo por igual servicio.
La representación claustral en la Junta Universitaria durante este año académico ha utilizado ese foro para combatir estas medidas que hemos mencionado.
Sobre los ascensos, sometimos y logramos que se aprobara la certificación número 13 que solicitó a la JS “que asigne los recursos para otorgar los ascensos en al año 2009-2010 y subsiguientes”.
Sobre las exenciones, exigimos que el informe que la Vicepresidenta de Asuntos Académicos sometería a la JS fuera sometido antes a la consideración de la JU. El informe de recomendaciones, deficiente aún con las aclaraciones requeridas por nosotros, propuso añadir restricciones a la concesión de exenciones oficiales para efectos de la JS (las que ella llamó categóricas), hacer uniformes algunas exenciones no categóricas y eliminar otras. No hubo en ese informe ni una pizca de análisis del impacto académico de las medidas propuestas. En respuesta a ese informe nosotros propusimos, y se logró aprobar con el apoyo de los estudiantes y de algunos rectores, una certificación rechazando las nuevas restricciones al las exenciones categóricas y defendiendo el espacio que las unidades deben tener para otorgar exenciones que atiendan aspectos particulares de cada una de ellas. Es importante aclarar que el informe de la VPAA no abordó el anejo de la certificación 98 que dice que “el estudiante podrá ser beneficiario de una sola exención o concesión de ayuda económica administrada por la institución...”. Por tanto, nuestro rechazo a tal medida, y a la certificación 98 en su totalidad, no quedó plasmada en esa resolución. Pero no quepa duda de nuestro rechazo a la certificación 98.
Finalmente, sobre las ofertas de verano, no nos han querido ni oir. Logramos que se aprobara la inclusión del asunto en una reunión ordinaria. Pero esta se canceló y se ha ignorado nuestra petición de una reunión extraordinaria para atender este asunto a pesar de que nuestra petición cumplió con los requisitos reglamentarios.
Compañeras y compañeros, la UPR se encuentra hoy en esta situación por que las instancias reglamentarias de participación a nivel de sistema, a saber, la Junta Universitaria y los dos asientos claustrales en la Junta de Síndicos que son electos por la representación claustral en la JU, NO SON MECANISMOS EFECTIVOS REPRESENTACIÓN PARTICIPATIVA REAL. El Presidente de la UPR, la Presidenta de la Junta de Síndicos y algunas Rectoras y Rectores exigen el uso de canales oficiales . Pero esos canales ya se han usado y ellos los han ignorado. Y lo han hecho simplemente por que nada les obliga a hacernos caso.
En estos momentos la única opción efectiva para que se nos tome en cuenta es la expresión contundente de todas y todos los docentes que estamos aquí hoy, seguida con una militancia masiva en los campamentos de lucha en todas las unidades.
Somos once recintos, distintos, con idiosincrasias y particularidades que abonan a la riqueza académica de un sistema. Pero el momento exige que nos unamos ya. ¡Somos once recintos, y una UPR!
Sobre la falta de transparencia presupuestaria
Informe de Waldemiro Vélez Cardona
representante del Senado Académico del Recinto de Río Piedras en la Junta Universitaria
El reglamento de presupuesto aprobado por la Junta de Síndicos (Cert. # 100, 2005-2006) en su Art. # 6 establece claramente que el proyecto de presupuesto que el Presidente le somete a la Junta de síndicos deberá contar “con las recomendaciones de la Junta Universitaria”. Hasta el momento la administración de la UPR no ha puesto en condición a la JU para hacer ningún tipo de recomendación. El calendario para la elaboración del presupuesto establece que el Comité de Presupuesto de la JU se deberá reunir en 9 ocasiones entre septiembre y junio para colaborar en la planificación y elaboración del presupuesto. En este año académico (2009-2010) la primera reunión de ese Comité fue en marzo y en ella lo único que ocurrió fue que la Directora de Presupuesto, Brunilda Pereira, nos mintió, al afirmar que no había ningún documento ni estimado que compartir con el Comité y al día siguiente le sometió a la Junta de Síndicos en Pleno la propuesta para recortar 100 millones al presupuesto del próximo año (2010-2011). Después de eso tuvimos una reunión adicional a finales de marzo en la que la Directora de Presupuesto nos entregó lo que hacía casi un mes le había entregado a la Junta de Síndicos.
Se supone que en mayo el Presidente le someta su proyecto de presupuesto al Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria y en junio la JU hace las recomendaciones finales a partir de los informes que ha venido recibiendo del Comité de Presupuesto de la JU.
El Presidente canceló unilateralmente dos reuniones de la Junta Universitaria; una extraordinaria en la que se discutirían los cambios propuestos al cobro (a los estudiantes) y a la compensación (a los docentes) por los cursos de verano; y la reunión ordinaria del mes de mayo en la que se supone que el Comité de Presupuesto informara sobre los avances en la elaboración del Presupuesto del año 2010-2011. Cosa que no está en condiciones de hacer, porque no ha recibido la información que se requiere para hacerlo.
Aquí es fundamental resaltar un asunto medular sobre la falta de transparencia presupuestaria. Al día de hoy no hemos tenido acceso a uno de los documentos más importantes para analizar la situación económica de la Institución, los Estados Financieros Auditados del año académico 2008-2009. Dicho documento generalmente está terminado entre octubre y noviembre del siguiente año académico, en este caso 2009-2010. Al día de hoy, 21 de mayo de 2010 se nos ha dicho que no está terminado. ¿A qué podrá deberse esta anomalía sin precedente? ¿Será que la empresa Ernst & Young habrá sido incompetente en hacer su trabajo?, o ¿será que la Administración de la UPR le está escondiendo los datos hasta a los propios auditores externos que contratan? Tengo que confesar que me inclino por lo segundo.
Quisiera terminar exponiendo algunas de las principales causas de la crítica situación fiscal que atraviesa la UPR. En primer lugar, nuestra Institución se muestra incapaz de cobrar lo que se le debe. En el 2004 el 30% de las cuentas por cobrar se declaraban como incobrables. En el 2008 aumentó al 40%. En estos momentos se estiman en más de $170 millones las cuentas por cobrar, que aún son cobrables, de los cuales más de $37 millones los deben los planes médicos privados. En segundo lugar tenemos el impacto de la Ley #7 en los recaudos del Fondo General, que se estima en cerca de $93 millones (52 millones por el desvío del IVU a COFINA y 41 millones por el desvió de los nuevos recaudos, temporeros y permanentes, de la base de la que se calcula la fórmula del 9.6%). En tercer lugar, la aprobación de créditos contributivos erosiona el Fondo General. Así lo señaló la agencia clasificadora Standard & Poor’s en su informe del 22 de diciembre de 2008, calculando en $200 millones la caída en ingresos al Fondo General por las nuevas exenciones. Si a esa pérdida de ingresos le aplicamos la fórmula de 9.6%, la pérdida de ingresos para la UPR asciende a $19.2 millones anuales. En cuarto lugar, la distribución que se hizo de los fondos ARRA destinados a mitigar los efectos de la crisis económica en las Universidades Públicas fue sumamente injusta con nuestra institución. De los $597 millones asignados para educación para un periodo de dos años se le otorgaron $409.9 al DE y $119.8 a la UPR. Esto solo mitigó muy parcialmente el impacto de la crisis en nuestro presupuesto. Idealmente deberían conducir a equiparar el presupuesto de la Universidad al del año anterior. Lo más terrible del asunto es que el DE no gastó todos los fondos asignados en su primer año, por lo que la UPR hizo una solicitud de re-distribución para el segundo, que fue denegada por el gobierno central. En su lugar le asignaron el sobrante del DE a la Policía de Puerto Rico.
En síntesis, el impacto en el presupuesto de la UPR de las medidas mencionadas anteriormente, rondan los $282 millones, mientras la insuficiencia presupuestaria actual se estima en $240 millones contando con que se concedan los aumentos de sueldo y los ascensos del pasado año y del actual. Lo dejo aquí y quedo a su disposición para aclarar cualquier duda.
